El alcalde de Mislata pudo prevaricar al destituir a la interventora municipal

Tras las manifestaciones hechas públicas por el Consejo General de Secretarios e Interventores Locales de España, desde el PSOE de Mislata han vuelto a exigir explicaciones de la decisión tomada por el alcalde Manuel Corredera (PP) y el PSOE asegura que el alcalde “habría podido incurrir en un delito de prevaricación al suspender de forma fulminante a la funcionaria Hermina Llop con acusaciones falsas”.

Los socialistas de Mislata han manifestado hoy que “es fundamental que los secretarios e interventores municipales puedan gozar de garantías al ejercer su trabajo, que no es otro que el de fiscalizar las decisiones de un equipo de gobierno municipal, sin peligro a coacciones o amenazas si no hacen lo que el equipo de gobierno quiere”. Así se han expresado tras conocer las valoraciones hechas por el Consejo General de Secretarios e Interventores, reunido este pasado fin de semana en Mislata para mostrar su apoyo a la interventora destituida.

En respuesta a las declaraciones hechas ayer por el PP, mediante las que aseguraban que no les consta que haya existido esa reunión, desde el PSOE aseguran que “el PP pone en duda hasta la celebración de reuniones con tal de no asumir la equivocación y rectificar la grave decisión de cesar a la interventora municipal, respaldada por el consejo estatal de interventores”. En esa reunión el consejo apoyó a la interventora municipal Herminia Llop, exigió al alcalde de Mislata su restitución inmediata y valoró muy negativamente el trato y las formas del alcalde con la funcionaria habilitada nacional.

La funcionaria Herminia Llop quedó cesada el pasado 16 mediante un expediente disciplinario por decreto del alcalde, una actuación que para los socialistas de Mislata “habría que revisar para impedir que alcaldes como Corredera, abusen de su poder y antepongan sus intereses personales a los de los ciudadanos y para que un alcalde no pueda sancionar a un habilitado nacional simplemente porque informe negativamente, denuncie irregularidades o ponga reparos a los procedimientos”, como ha sucedido en Mislata.

Los socialistas de Mislata recuerdan al PP que los funcionarios habilitados nacionales son precisamente los encargados de velar por la legalidad en las acciones que lleva a cabo cualquier alcaldía; poner reparos, e informar si ven que las cosas no se hacen bien y denunciar lo que creen que daña a los intereses de Mislata”. Los socialistas recuerdan que el motivo de más peso por el que Corredera decidió destituir a la interventora es “porque realizó un informe muy duro en el que hablaba de un posible  ‘enriquecimiento injusto’ y realizaba numerosos reparos, refiriéndose al pago de liquidación por los aparcamientos de LUBASA”. “Un alcalde no puede hacer lo que le de la gana” sentencian los socialistas.

NI EXPLICACIONES AL PLENO, NI A LOS CIUDADANOS

Desde el PSOE, además, culpan al alcalde Manuel Corredera de “haber decretado el cese de la interventora sin dar ninguna explicación y con acusaciones falsas”. Los socialistas denuncian que el Partido Popular “un mes después, todavía no ha explicado por qué la interventora habla de enriquecimiento injusto y se le suspende de empleo, por qué hay valoraciones por las que se liquida diez veces más de lo que se debería ni por qué tres aparcamientos han costado más que cuatro terminados”.

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